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Mar, Jun

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 Con la ley de “democratización de la propiedad”, ley 226 de 1995, se incentiva a participar en “la privatización” de las empresas públicas a sindicatos, cooperativas, fondos y trabajadores, fomentando la corrupción y convirtiendo al ciudadano y al trabajador en un cómplice del proceso de enajenación de las empresas de Servicios Públicos.