Epígrafe: “…Sí sabemos que no fueron las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que asesinaran a los hombres, a las mujeres y a los niños para acabar hasta con las semillas de sus adversarios políticos, sino los representantes y los senadores, los políticos colombianos”. (General Alberto Ruiz Novoa).
No es Álvaro Uribe Vélez el único culpable. Son todos los presidentes de Colombia desde el 25 de diciembre de 1965, cuando Guillermo León Valencia, abuelo de la Palomita, expidió el decreto 3398, para fundar el paramilitarismo con el ditirambo de la “SEGURIDAD NACIONAL”. Desde entonces, este mecanismo cobarde es una política de Estado inducida en América Latina y particularmente en Colombia por el presidente John F. Kennedy, según lo afirma el sabio profesor norteamericano Noam Chomsky.
No hay uno solo de los presidentes con el pleno de sus gabinetes ministeriales, que hayan desautorizado esta política de persecución y liquidación de los opositores, principalmente de los dirigentes populares, de los sindicalistas y de los defensores de derechos humanos, catalogados todos inicialmente como “proponentes comunistas” y luego como “guerrilleros” y hoy como “terroristas”, precisamente por quienes pusieron en práctica este mecanismo de muerte para impedir el desarrollo de la democracia en América Latina.
Inicialmente, esta política recomendada por USA desde 1962 - tres (3) años después del triunfo de la revolución cubana-, vino como anillo al dedo a la oligarquía colombiana, para justificar el aniquilamiento de quienes, como los guerrilleros del llano, aceptaron la paz propuesta inicialmente por Rojas Pinilla y luego por el Frente Nacional. Todos los dueños de los partidos tradicionales, se han lucrado económica y políticamente de la instauración de la violencia engendrada por la “doctrina del enemigo interno” o de la “seguridad nacional”, hacia la cual evolucionó el monroísmo, otro engendro contrario al pensamiento del Libertador.
Al promoverse la constituyente de 1991 por las guerrillas que querían desarmarse y pactar la paz, Gaviria Trujillo y su ministro de defensa (Hoy aliados incondicionales de Santos II) atacaron el cuartel general del secretariado de las Farc EP en la Uribe Meta, pero (“aquella perrilla sí, cosa es de volverse loco,….”) Tirofijo y sus hombres no sufrieron el más leve rasguño en esa ocasión.
Hay que anotar que los partidos tradicionales se opusieron ferozmente a la constituyente, pero al producirse la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le dio vía libre al ejercer el control de constitucionalidad del D. 1926 de 1990, de estado de sitio, se lanzaron a su captura y lo lograron, como puede observarse más allá de la prensa que convirtió al jefe de gobierno en el héroe de la Constitución del 91, cuando lo que hizo fue convertirla en instrumento del neoliberalismo.
Vino la Constituyente y todo marchó bien conforme a las expectativas democráticas de sus convocantes iniciales, hasta cuando el ministro De la Calle y el ministro Rudolf Hommes Rodríguez degeneraron lo que indios, negros, zambos, blancos y mestizos, llenos de entusiasmo, habían acordado hasta entonces. El ministro de hacienda de entonces, insoportable pretencioso, metió el Consenso de Washington en la constitución económica, en tanto que De la Calle metió desde el Congresito, todos los decretos de estado de sitio anteriores y todos los estatutos especiales, cuyo elenco conforma el terrorismo de Estado en Colombia.
Como remate, el gobierno de “el revolcón”, dictó el decreto 356 de 1994, que revivió la esencia del derogado D. 3398/65, ahora corregido y aumentado por las Convivir....Ese decreto fue encontrado por la Corte Constitucional ajustado a la Carta, con el salvamento de voto de Carlos Gaviria Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa, demócrata liberal el primero y conservadores los otros.
La mayoría involucrada en esa sentencia contó con el apoyo de Alejandro Martínez Caballero, en tanto que su ponente, Jorge Arango Mejía, jamás se ha arrepentido de haber consagrado como constitucionales los mecanismos fachistas de control social, y por el contrario, al llamar a votar por Zuluaga en periódico EL MUNDO de Medellín de fecha 15 de junio de 2014, página 2, tronó así en una columna titulada “¡BASTA DE COBARDÍAS Y COMPLEJOS DE INFERIORIDAD:
“¡El expresidente Álvaro Uribe no es Hitler y el senador Iván Cepeda no es Churchill para condenarlo por inexistentes pecados contra la democracia, como tampoco tienen autoridad los burócratas de la Cidh!”
¿Qué diría ahora este expresidente de la Corte Constitucional de Colombia que con su sentencia subrayó el carácter de las CONVIVIR como doctrina y política de Estado?
Qué diría este “demócrata” incondicional de la barbarie que truena con ínfulas de valiente después de haber presenciado la huida de Uribe Vélez por entre las alcantarillas- como le gritó la senadora Claudia López- utilizando la dialéctica cobarde de la estigmatización contra Iván Cepeda, convencido de que podía repetir lo mismo y con los mismos efectos del estigma que utilizó contra su padre Manuel Cepeda?
Ninguno de los expresidentes ni sus ministros, salvo el último “ministro de guerra”, General Alberto Ruiz Novoa, desde Guillermo León Valencia hasta los presidentes que administraron con celo la “doctrina de la seguridad nacional” encarnada en las CONVIVIR, ni los directores y propietarios de los partidos tradicionales, ¡ninguno!, se han arrepentido de ser los servidores de quienes les impusieron desde el exterior, tal aterradora doctrina. Y como no se han arrepentido, son culpables del genocidio practicado por décadas contra el pueblo, cuyo balance ha hecho el Grupo de Memoria Histórica.
Los políticos tradicionales con sus diferentes disfraces, nombres y colores, son los verdaderos culpables de nuestra tragedia. En Colombia no tienen quién los juzgue y a nadie le interesa jugarlos, porque desde cuando la justicia fue repartida paritariamente entre liberales y conservadores, los jueces están inmersos en el mismo lodo de los políticos, como no es necesario repetirlo.
El debate olvidó que Uribe es uno, solo uno más, de quienes tienen cuentas con la justicia internacional, porque la colombiana NI QUIERE NI PUEDE juzgarlos. Y para colmo de males los ejecutores del más moderno y feroz paramilitarismo (complemento del Consenso de Washington), son los aliados y asesores del Presidente Santos II.
No queda sino la CPI, a la que han engatusado según parece. ¿Hasta cuándo? Mientras los políticos colombianos no purguen en la cárcel la pena imprescriptible de sus crímenes de lesa humanidad, la sociedad colombiana seguirá enferma y moralmente afligida. Mientras tanto, “allí siguen la democracia sin pueblo y el mismo río sucio”, como dijo el exmagistrado que salvó su voto en el tema de las CONVIVIR, Eduardo Cifuentes Muñoz (El Espectador, 21 de septiembre de 2014, página 51).
¡Que los políticos tradicionales no se sigan escudando con los militares! Recuérdese bien: quienes adoptaron y aplicaron la doctrina que engendró el terrorismo de Estado son los civiles que fungen como comandantes en jefe de las Fuerzas Militares.
MAMU