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En el mundo se ha instaurado desde los años 70 un agresivo modelo de despojo que en la economía política se denomina neoliberalismo. En su marcha arrasadora sucumben los derechos de la población y hasta las personas mismas son convertidas en mercancía que se compra y se vende. Los campesinos pobres, medios y aún los productores agroindustriales son víctimas de tal despojo y en muchos casos, lanzados de sus tierras por el desplazamiento forzado y la quiebra de sus medios de vida; la tecnología, por su parte, ha suprimido el puesto de trabajo a millones de trabajadores del campo y la ciudad, a tal punto que en la sola España el 22.5 por ciento de la fuerza de trabajo está hoy cesante.
Colombia es foco predilecto de este huracán arrasador de los derechos de la gente: más de dos mil quinientas fosas comunes; 186.000 víctimas que han perdido sus vidas; 4 millones de desplazados, 61.500 desaparecidos, 5 millones de exiliados, 3.000 dirigentes sindicales asesinados en los últimos veinticinco años y todos los sindicatos mermados, paralizados o destruidos son una clara muestra del desastre del derecho de libertad sindical.
Desde luego que el ataque a los derechos de toda la población se ejercen por medio de la violencia más agresiva. Inclusive, esa violencia ha sido estimulada o permitida por el propio Estado ante la mirada atónita de la comunidad internacional que contempla con preocupación la sima a donde ha llegado la descomposición moral de sus clases dirigentes. Los empresarios del crimen e intermediarios se han confesado públicamente delincuentes, tal como aconteció con el estratega financiero de los paramilitares de Urabá cuando en la Revista Semana No. 1561, pregona con el mayor desparpajo, que recibía 3 centavos de dólar mensuales por cada caja de banano exportada, o sea siete mil doscientos millones de pesos al año en esa sola zona, y agrega “imperturbable”: “con siete mil doscientos millones de pesos al año, nosotros delinquimos durante diez años”.
El paramilitarismo en Colombia hizo las veces de los tiranos unipersonales del cono sur, pues mientras en Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay, un dictador se apoderó del aparato estatal y lo utilizó para eliminar físicamente ciudadanos inermes, en Colombia la unión concertada entre políticos y paramilitares viene asesinando al pueblo colombiano, preferentemente a los opositores, defensores de derechos humanos y líderes populares entre quienes están los dirigentes sindicales.
Como en Colombia no hay justicia a pesar de que los criminales se confiesan públicamente como tales, sin que ninguna autoridad intervenga para aplicar el castigo merecido, los abajo firmantes, asistentes a este Seminario citado en Medellín por la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores los días 13 y 14 de abril de 2012, como evento preparatorio del Tribunal Mundial de Libertad Sindical, nos unimos a la convocatoria para denunciar ante este organismo que se celebra por primera vez en Colombia en la ciudad de Bogotá los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente año, para pedirle que condene al estado colombiano y que abogue ante la Corte Penal Internacional para que castigue a los autores de los innumerables delitos de lesa humanidad que vienen cometiendo desde el 25 de diciembre de 1965 cuando se dictó el Decreto 3398 de 1965 hasta el presente, a fin de que cese la impunidad, impere la paz y se abran caminos de democracia para el florecimiento y respeto de los derechos humanos laborales de libertad sindical.
Medellín, abril 14 de 2012