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Con la ley de “democratización de la propiedad”, ley 226 de 1995, se incentiva a participar en “la privatización” de las empresas públicas a sindicatos, cooperativas, fondos y trabajadores, fomentando la corrupción y convirtiendo al ciudadano y al trabajador en un cómplice del proceso de enajenación de las empresas de Servicios Públicos.
La lógica de creación de valor por fusiones, adquisición y compra de empresas del sector financiero bien conocido como (shareholder value creation), se ha convertido en el patrón de actuación de las empresas industriales y de servicios, en detrimento de toda lógica económica e industrial.
Fusionarse, ser adsorbidas, absorber, escindirse o incluso desaparecer, parece ser la estrategia de la competencia desmedida de las empresas, con el fin último de ofrecer máxima ganancia en el menor tiempo posible a sus accionistas, todo gracias al desarrollo tecnológico de las comunicaciones, de los sistemas informáticos y de la liberación de mercados por los Estados. Estrategia a la que no sólo se han sumado las empresas del sector privado, sino también, las productivas del sector público de países tercermundistas.
En Colombia, en la década de los años 80, el sector de los servicios públicos era atendido por la oferta de instituciones públicas las cuales operaban como monopolio público del respectivo sector, aprovechando al máximo economías de escala y con el respaldo económico del gobierno y de los ciudadanos. Con esa disposición, los ciudadanos usufructuaban los bienes públicos construidos con el aporte de todos, en calidad de usuarios y en uso de sus derechos, los cuales garantizaba y prestaba el Estado como deber inherente a su concepción.
La lógica cambia a partir de las 2 últimas décadas, a pesar de la proclama constitucional colombiana de 1991 como Estado Social de Derecho, se impuso el nuevo modelo económico, también contenido en la carta magna, en cumplimiento del proceso de la globalización impuesta por los países más poderosos. En desarrollo de políticas neoliberales, se generalizó la privatización de los sectores de servicios públicos, tales como: la Salud, la Educación, la Seguridad y gran parte del sector de los Servicios Públicos Domiciliarios, que ha contribuido, como en otros países, a poner en amenaza de supervivencia la inmensa mayoría de sus pobladores y aun la vida en el planeta, lo que muestra lo destructivo de dicho modelo.
El modelo en Colombia no pudo aplicarse con la misma receta que se tuvo para los demás países de Latinoamérica, por el conflicto social que se ha vivido durante los últimos 60 años, lo que implicó, no sólo aplicar el modelo por la vía política (como el cambio de Constitución y expedición de leyes: como la Ley 100 en Salud, Ley 115 en Educación, ley 142 y 143 en Servicios Públicos Domiciliarios (SPD), Ley 50 en lo laboral, etc. y multiplicidad de reglamentos y sentencias judiciales), sino también, con la cooptación del movimiento social; la promoción de la corrupción; la tergiversación del lenguaje; el desprestigio de la justicia; la judicialización de quien se opusiera al modelo; el señalamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de Sindicatos; la promoción del conflicto armado; el paralelismo institucional; la infiltración y connivencia de la delincuencia en las instituciones, hasta el desarrollo de planes armados con gobiernos extranjeros para facilitar la explotación de territorios ricos en recursos naturales, biodiversidad y minerales, son varias de las tácticas aplicadas para implantar el modelo económico.
Pero no solo las estrategias y tácticas anteriores han facilitado la implementación del modelo, ha sido fundamental contar con la complicidad de los gobernantes de turno, quienes han logrado que lo público, se entregue a los privados especialmente a multinacionales y que la responsabilidad del Estado pase a ser la defensa y protección de los bienes privatizados. El favorecimiento de la concentración de la riqueza, la reducción drástica no solo de las funciones del Estado sino también la física de sus instituciones y del personal que en ellas labora, llevando a acrecentar las causas del conflicto social que hoy padece el país.
Ahora bien, lo atractivo del sector de los servicios públicos para los mercaderes nacionales e internacionales y en especial lo llamativo de las empresas que prestan los Servicios Públicos Domiciliaros (S.P.D), es que su prestación tiene una demanda garantizada, por ser servicios que cubren necesidades básicas de grandes conglomerados de población, convirtiéndolas en una fuente permanente de abundante ganancia económica, que puede ser calculada con mínimos márgenes de error y variabilidad y que además, es garantizada y protegida por las leyes expedidas por el congreso que desarrollan el modelo económico de mercado.
A lo anterior se suma la ley de “democratización de la propiedad”, ley 226 de 1995, con la cual se incentiva a participar en “la privatización” de las empresas públicas a sindicatos, cooperativas, fondos y trabajadores, fomentando la corrupción y convirtiendo al ciudadano y al trabajador en un cómplice del proceso privatizador de las empresas del Estado que prestan Servicios Públicos Domiciliarios, contrarrestando de paso, cualquier oposición que como usuarios puedan emprender contra las altas tarifas, que son una consecuencia directa del proceso de privatización. Los trabajadores y ciudadanos del común por su clase, naturaleza y valores, deberían abstenerse y oponerse a participar en dicha “democratización”.
En Colombia, en esta nueva lógica, el mandatario de turno promueve un nuevo Estado (Estado Comunitario, y últimamente Estado de Opinión); y su fuerza política en el congreso, propuso refundar el Estado colombiano (Acuerdo de Realito entre políticos y paramilitares) en un acuerdo que mostro sus “bondades” en regiones pacificadas a sangre y fuego (Urabá, Costa Atlántica, Córdoba, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Magdalena Medio) en las que el Estado se impondría a la sociedad con la fuerza de las armas y con leyes -muchas de las cuales ya están vigentes- protectoras de intereses privados de individuos, empresas y corporaciones multinacionales, creando nuevas culturas que en nada difieren de las culturas mafiosas. Un contexto propicio para el desarrollo de lo que puede conocerse como estado de opinión o estado fascista con sus grupos armados legales e ilegales al servicio de la defensa de los privilegios de la clase hoy en el poder y de su perpetuidad en él.
Nuevas culturas en las que lo público pierde su connotación social y lo privado adquiere preponderancia en la comunidad, y el mismo ciudadano constructor de lo público se trasforma en depredador de sus fuentes de bienestar. Es ese nuevo ciudadano enceguecido en la competencia por su propia subsistencia al que se le participa de la privatización de lo público, haciéndolo sentir propietario de lo que ya por derecho propio le pertenece y cambiándole su rol de: productor de bienestar, al de destructor de posibilidades de desarrollo sostenible para la comunidad; el de trabajador, por accionista; el de sindicalista por el de empresario capitalista (contratista sindical, benefactor) confirmando la famosa frase de Aristóteles. “Todo el mundo piensa principalmente en sí mismo, raras veces en el interés común”
A propósito, se han preguntado:
¿Cuantos trabajadores de ISA e ISAGEN compraron acciones de la empresa para la cual trabajan y hoy son ricos?
¿Cuantos de los que compren acciones hoy, mañana serán despedidos a pesar de ser accionistas, “dueños”?
¿En cuanto han incrementado las tarifas de los servicios públicos para dar buena rentabilidad a los accionistas?
¿Cuantas familias en Colombia se encuentran desconectados de agua, y energía Eléctrica porque hay que garantizar rentabilidad al accionista?
¿Cuántos mueren hoy por no tener con que pagar el acceso a servicios públicos dignos?
¿Cuantos niños y niñas más se quemaran por velas que hoy remplazan en las grandes ciudades la energía eléctrica porque hay que garantizar la rentabilidad a los accionistas?
Las respuestas a las anteriores preguntas dan razones suficientes para no participar en la compra de acciones de las empresas que prestan servicios públicos fundamentales para la vida, como es el agua y la energía; porque no queremos labrar nuestro bienestar o desgracia contribuyendo a someter a la infamia a un buen número de la población.
Medellín, diciembre 1 de 2009.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA