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EL DISLATE DEL GOBIERNO
(A propósito de la venta de ISAGEN)
Amylkar D. Acosta Medina
Miembro de Número de la ACCE
Bogotá, agosto 22 de 2013
LA CORTINA DE HUMO
Es una verdad de a puño que Colombia acusa un gran rezago en materia de infraestructura, el cual se ha convertido en un gran cuello de botella que le resta competitividad a la economía nacional. Según Sergio Clavijo, Presidente de ANIF, “después de Haití y Bolivia, Colombia es el peor país con registro en infraestructura y esto nos va a pasar la cuenta de cobro ahora que los TLC entran en vigencia” . “En carreteras, estamos como los pobres de África” , afirmó el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade. Pero esto no es de ahora, este mal es crónico y la razón no es otra que por años es muy poco lo que se ha invertido en vías, puertos y aeropuertos en el país. Según The Economist, “para que la infraestructura de un país esté al día y se ajuste a los requisitos del mundo globalizado, es necesario que invierta al menos el 4% del PIB en este renglón. El promedio en Colombia en los últimos años ha sido 0.7% y, por lo tanto, será necesario multiplicar esta cifra por casi 6” . Y venimos de mal en peor, después de invertir en promedio el 3.9% del PIB entre 1980 – 1985 pasó a invertir menos del 2% entre 2007 y 2008, hasta llegar a estos extremos, de menos del 1%, a lo cual se vinieron a sumar los estragos en nuestras precarias vías por la doble ola invernal que azotó al país.
Y no ha sido por falta de recursos, pues Colombia, al igual que los demás países de América Latina, gozó de casi una década de auge del sector minero – energético, gracias a la demanda inusitada de los productos básicos (carbón, petróleo y ferroníquel, entre otros) y a la espiral alcista en sus precios que ello provocó. Fueron ingentes los recursos que le ingresaron al país por este concepto, los cuales a juicio de ANIF se ha debido “sembrar…bajo la forma de una rápida modernización del país” y no se hizo. Ahora, después que nos pasó este cuarto de hora estérilmente, este Gobierno se escuda en las falencias en materia de infraestructura para vender su participación en ISAGEN . Se dice que el leiv motiv de la venta es reemplazar un activo por otro y se trata de embaucar a la opinión pública haciéndole creer que si no se vende la participación que conserva la Nación en la misma la pésima infraestructura del país seguirá siendo el lastre que frena la competitividad de la economía nacional.
Pero con iguales razones se procedió en su momento a vender otros activos de la Nación por los cuales se recibieron, según ANIF, alrededor de 5.9 puntos del PIB ; a guisa de ejemplo, se recibieron $2.2 billones por BANCAFÉ, $3.2 billones por ECOGAS y $5.7 billones por el 10% de la venta de ECOPETROL. Y la gran pregunta es a dónde fueron a parar los mayores ingresos que recibió la Nación por concepto de dividendos e impuestos recaudados, productos del boom minero - energético; a dónde fueron a parar los recursos extraordinarios provenientes de tales privatizaciones. Pues la respuesta no puede ser más desconcertante, no sólo no se invirtieron en infraestructura sino que, a diferencia de los demás países de la región, de contera se mantuvo el déficit fiscal, pudiendo colegir con ello que en estos dos frentes (el de la infraestructura y en el fiscal) no estamos mejor que cuando estuvimos peor. La venta de ISAGEN, entonces, dizque para financiar la construcción de 4 vías de cuarta generación (4G) de las 47 previstas en un gran paquete por valor de $47 billones (el papel puede con todo) aprobado esta semana por el CONPES , las cuales se ejecutarían entre el 2015 y el 2020, no pasa de ser una cortina de humo. Esta es según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas “la cifra más grande en la historia para la infraestructura de transporte en Colombia” . A guisa de ejemplo, a nadie se le ocurriría en Antioquia privatizar a EPM de Medellín para financiar las Autopistas de la Montaña!
SÍ HAY HUECO FISCAL
Además, han coincido el Ministro Cárdenas y el Director de la DIAN Juan Ricardo Ortega en que la Nación no tiene ningún hueco fiscal que se quisiera tapar con la venta de ISAGEN , pero la realidad es otra. El propio Ministro de Hacienda se contradice, ya que recientemente declaró que la meta del Gobierno es cerrar este año en rojo y “el financiamiento de ese déficit tiene unas emisiones de bonos, deuda interna y un componente que son privatizaciones por $3 billones para financiar 2.4% del PIB; no depende de si el recaudo está bien o mal, es una meta que tenemos de ingresos de privatizaciones” . Y el año entrante no pinta mejor, pues a consecuencia de la reforma tributaria aprobada el año anterior y la desaceleración sostenida del crecimiento del PIB el recaudo de impuestos perderá dinamismo; sólo por concepto del desmonte de 2 puntos del 4 por mil la Nación dejará de recaudar $2.7 billones, aproximadamente. Ya se anuncia un descuadre de $1.6 billones, por cuenta del desmonte del desmonte de la sobretasa a los servicios de energía y gas que antes pagaba la industria y ahora absorbe la Nación . Por otro lado el Fondo de Estabilización de los Combustibles acumula un déficit que superaría los $6 billones, el cual deberá ser enjugado con cargo al Presupuesto General de la Nación. Con razón afirma el Presidente de ANIF Sergio Clavijo que, de entrada, “mínimo el Gobierno va a tener que salir por $1.2 o $1.4 billones en los recursos de tributación y hay que prepararse para eso” . Tales afugias explican el hecho, por lo demás contradictorio con los publicitados anuncios del Gobierno, que en el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2014 presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso de la República se reduce el rubro de inversión en casi $4 billones con respecto al aforo de este año, el 20% aproximadamente (¡!). De llegar a cristalizarse la venta de ISAGEN la Nación se terminaría quedando con la soga y sin el ternero!
A todas esas, cabe preguntarse por qué en lugar de vender su participación en ISAGEN para invertir en infraestructura no se considera la posibilidad de recurrir más bien a endeudamiento público, máxime cuando Colombia, según lo ha expresado reiteradamente el ministro de Hacienda tiene hoy en día mayor acceso al crédito y en mejores condiciones merced al mejoramiento de la calificación de su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s. De optarse por la financiación a través del crédito público de largo plazo por parte de la Nación, los ingresos que le reporten sus activos le servirán para servir dicha deuda y de esta manera se podrán ejecutar las obras al tiempo que el Estado los conservaría como parte del patrimonio de todos los colombianos. Muy seguramente el privado que llegue a ofertar para hacerse a esta importante empresa se apalancará financieramente con crédito para concretarla y a lo mejor le será más costoso que al Estado. A este respecto, nos parece muy razonable la duda metódica que asalta al ex presidente de la ANDI Fabio Echeverri Correa, cuando se pregunta: “será que todos los banqueros del mundo son unos imbéciles, al igual que los particulares que quieren comprar a Isagén, para prestarles el dinero unos, y recibírselos otros, a una tasa de interés superior a la tasa que le cobran al Gobierno colombiano? Ahora resulta que los únicos inteligentes son nuestros funcionarios públicos que descubrieron que todo el resto del mercado está equivocado, y por eso se abre una oportunidad?”.
DURA LEX, SED LEX
A las razones de inconveniencia de la venta de ISAGEN, que son abundantes, se viene a sumar ahora el entuerto que significa la omisión de un paso de obligatorio cumplimiento previsto en la Ley 226 de 1995, para proseguir en el proceso autorizado por el Consejo de Ministros de la enajenación por parte de la Nación del 57.66%, que es su participación en la misma. Esta Ley, que es la atinente a la “enajenación de la propiedad accionaria estatal” en empresas o sociedades en las que participa, establece claramente que una vez decidido por parte del Gobierno, este debe adoptar “un programa de enajenación diseñado para cada evento en particular, que se sujetará a las disposiciones contenidas en esta Ley” . Y entre estas disposiciones está la que obliga al Gobierno a que “el plan de enajenación anual en forma global con sus avalúos preliminares respectivos, debe ser presentado para su conocimiento al Congreso de la República durante los primeros 60 días del año” . Y, de acuerdo con la certificación que expidió el Secretario General del Senado de la República Gregorio Eljah, fechada a los 20 días del mes de agosto, “una vez revisada la información que reposa en la Sección de Leyes del Senado de la República y por información recibida de la Sección de Leyes de la Cámara de Representantes…no se encontró registro alguno sobre el cumplimiento del parágrafo del artículo 8 de la Ley 226 de 1995, en lo que respecta a la enajenación de ISAGEN S. A E.S.P en el actual período legislativo”( ver anexo).
LAS IMPRECACIONES DEL GITANO ANDALUZ
Así las cosas, todo lo actuado por el Gobierno para poner en marcha el proceso de enajenación de marras transgrede la Ley, que es taxativa al exigir el lleno de este requisito, el cual se pretermitió, viciándolo de manera insubsanable. El Gobierno podrá alegar que para tal fin expidió el Decreto 1609, calendado el 30 de julio, “por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público posee en ISAGEN S. A E.S.P”. Y entre los considerandos de dicho Decreto se dice que, después de emitirse concepto favorable por parte del Consejo de Ministros, este le fue “remitido al Gobierno para su aprobación, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 8 (SIC!) de la Ley 226 de 1995”. Las mismas que se saltó a la torera el Consejo de ministros! Es del abecé del Derecho que un Decreto no puede estar por encima de la Ley que pretende desarrollar y/o reglamentar y por ello resulta improcedente. Al disponer la Ley de manera perentoria la obligación de presentar “para su conocimiento al Congreso de la República” el plan de enajenación, buscaba que el Parlamento pudiera ejercer su función constitucional del “control político sobre el Gobierno y la administración”, consagrado en el artículo 114 de la Carta, el cual se tornaría nugatorio en este caso. De esta manera se estaría violando flagrantemente este precepto constitucional, ya que el Congreso de la República quedaría reducido a su condición de convidado de piedra del ejecutivo y compelido a invocar las imprecaciones del Gitano andaluz, que le pedía al señor sólo tres gracias: la primera que la mujer no le fuera infiel, la segunda que si le llegara a ser infiel él no se enterara y la tercera que si la mujer le llegara a ser infiel y él lo llegara a saber no le importara nada.
Es explicable que al Gobierno se le hubiera pasado por alto cumplir con esta norma, dado que en sus planes no estaba la venta de su participación ISAGEN, toda vez que el propio Presidente Santos lo había descartado recién elegido . Ya había ocurrido otro tanto con el intento fallido de vender otro 10% de las acciones de la Nación en ECOPETROL y sobre ello llamamos la atención en su oportunidad . Una prueba al canto de que el Gobierno no había contemplado la venta de su participación en ISAGEN, como si lo había considerado en el caso del 10% adicional de sus acciones en ECOPETROL, es que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que presentó el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República, en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, no aparece por parte alguna ninguna alusión a dicha venta. Huelga decir que, como lo prevé la Carta, “la sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y Órganos del poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica” y, por lo tanto, era deber del Gobierno tener dar cuenta del propósito de enajenar su participación en ISAGEN a través del MFMP y la Regla fiscal , que son los instrumentos a través de los cuales se aplica el “marco de sostenibilidad fiscal” , que también se llevan de calle desatentadamente.
No hay tutía, el Gobierno ha incurrido en este error garrafal que lo obliga a parar el proceso ya iniciado para la venta de su participación en ISAGEN, cualquier acción con la que pretenda enmendarlo a estas alturas ya es extemporánea e ilegal y al fin y al cabo todavía rige en Colombia el Estado social de derecho. Con sobrada razón el Senador José David Name ha anunciado que interpondrá ante los tribunales una Acción de incumplimiento para impedir que se consume este desaguisado, que deja muy mal parado al Gobierno, chamboneando y dando coces contra el aguijón.
Bogotá, agosto 22 de 2013