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Escrito por : Fernando Estrada
Cuando los hijos del presidente se hacen ricos
Par Evaluador de Colciencias. Editor de RePEc/IDEAS, Munich, Alemania. Reconocido por Sapiens Research. Miembro Evaluador de Proyectos en Social Science and Humanities Research Council of Canada. Miembro evaluador de American Political Science Review.
Creamos la primera empresa hace 12 años y nos hemos preparado académicamente para ser empresarios, le dijeron al periódico El Espectador , los hermanos Uribe Moreno, hijos del expresidente Uribe, jóvenes empresarios dueños de seis sociedades con notables flujos de capital: C.I. Ecoeficiencia S.A.S., Sapia C.I. S.A.S. (Salvarte), Zona Franca de Occidente, Promotora Gran Sabana, Yogur S. A. y Ecoindustry S. A., todas registradas en Colombia; Achlys Investment y Achlys Business Corp., registradas en Panamá, y finalmente la recién conocida Asia America Investment, de Islas Vírgenes.
Tomás y Jerónimo justifican sus negocios: "Elegimos el emprendimiento y nos hemos mantenido alejados de la política... por principios y respeto a la carrera de nuestro padre, tenemos por regla responder. Eso sí, nos extraña que sea nuestra vida empresarial la que se cuestione, cuando hay familiares de otros políticos cuyo patrimonio excede con creces el nuestro".
Y tienen razón, en Colombia los patrimonios de senadores, alcaldes y políticos desbordan las normas mínimas de moral y decencia pública. Pero si mafiosos paramilitares ingresaron a la Casa de Nariño durante el gobierno Uribe, lo menos es poder legitimar estos negocios dentro del cumplimiento de las leyes. Esta vertiginosa carrera por capitales y negocios nos recuerda que en Colombia el narcotráfico ha dejado valores materializados en dinero y poder político.
Pero el argumento de los Uribe Moreno es una falacia. Porque ha sido su condición privilegiada una ventaja para conseguir dentro de tiempo record tanto poder económico. Tan sólo en tres sociedades, los hijos del expresidente tienen activos por $80.000 millones, ingresos operacionales por casi $86.000 millones y ganancias por casi $8.000 millones. Nadie duda en casos semejantes que la cercanía del poder presidencial está por encima de las capacidades intelectuales de estos delfines.
En realidad, la puerta giratoria entre el poder público y negocios privados es algo que ningún gobierno parece controlar. En Colombia, observemos como ilustración la trayectoria de quienes han ejercido como ministros de Hacienda: Alberto Carrasquilla, Rudolf Hommes, Santiago Montenegro o Juan Carlos Echeverri, todos ellos laborando en sectores de la economía que ayer tuvieron que regular desde sus despachos. Información privilegiada en ministerios claves de la economía o los servicios financieros, luego trasladada con ventaja dentro de lo que representan negocios privados. Los guardianes de la confianza pública se comportan como "espíritus animales".
Con sagacidad estos negociantes de nueva generación logran inmunizar sus capitales de delitos que vayan contra las normas, las leyes y los estados. Cuentan con firmas de abogados dispuestos a mantener el más celoso espíritu de protección de las sociedades dentro del sistema jurídico. Y como ha escrito Diego Gambetta en su obra La mafia siciliana, las organizaciones del delito de cuello blanco y el crimen organizado, "se cuidan de obedecer leyes y normas de los países donde operan sus negocios. Sobre todo cuando son empresas y sociedades de gran escala".
Nassim Nicholas Taleb, el celebrado autor de El Cisne Negro, describe en su reciente libro, Antifragile, su encuentro en el Foro Económico de Davos con Alan Blinder, profesor de economía de la Universidad de Princeton y ex vicepresidente de la Reserva Federal; ambos participaban del debate sobre cómo salvar el sistema financiero. Blinder trataba de vender la idea de asegurar bonificaciones para los gerentes de las grandes corporaciones financieras. Taleb, al darse cuenta de su argumento, escribió:
"Esto permitía que los ricos estafaran a los contribuyentes obteniendo bonificaciones que contaban con el respaldo del gobierno. De este modo, los contribuyentes son estafados legalmente, con ayuda de ex funcionarios del sector público que poseían la ventaja de tener información privilegiada".
"¿No es acaso esto inmoral?", le preguntó Taleb a Blinder.
Según Taleb, Blinder le respondió: "Es perfectamente legal", agregando, "tenemos una cantidad de ejecutivos que fueron antiguos funcionarios públicos".
Taleb presume que esto significa: "Lo que es legal es ético" sabiendo que quienes "han tenido acceso al poder público poseen una ventaja evidente sobre el resto de los ciudadanos". Taleb denomina a este fenómeno el Síndrome de Alan Blinder: "Una forma ejemplar sobre cómo usar el poder político para beneficiarse legalmente de lo público".
Si regresamos al caso de los Uribe Moreno, es obvio que su conducta es moralmente repudiable. Porque han tenido acuerdos implícitos con todo el poder político relacionado con los ocho años de gobierno de su padre. Es una forma de soborno indirecto para obtener beneficios de su condición como hijos de presidente, haciendo difíciles las normas para los demás. Como también los funcionarios públicos que venden sus servicios a un precio elevado cuando regresan al sector privado.
Sobre hacer públicas sus declaraciones de renta, los hermanos Uribe respondieron: "Lo hemos pensado y lo hemos discutido. Pero nos preguntamos: ¿por qué tenemos que hacerlo si hemos hecho las cosas bien y hemos trabajado honradamente?".
Justamente, las mismas razones por las que una mayoría de ciudadanos viven entre la pobreza y la indigencia: porque hacen las cosas bien y trabajan honradamente. Luego, el argumento es totalmente contrario. Teniendo ventajas como hijos del presidente, obraron abusando del poder y sacaron provecho de un medio social donde el dinero limpio de confunde con dinero circulante de mafiosos y criminales.
Tomado de: http://www.palmiguia.com/opinion/la-antorcha/385-cuando-los-hijos-del-presidente-se-hacen-ricos