Opinión


 

¡Ni perdón ni olvido!


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Escrito por Periferia

Dos acontecimientos recientes en publicaciones y denuncias llaman la atención sobre la necesidad de no olvidar el pasado reciente de horror, que no termina, producido por este Estado criminal. Se trata del testimonio revelador del teniente de la policía Juan Carlos Meneses, recogido en la publicación de la periodista Olga Behar con el título El Clan de los Doce Apóstoles, y del estremecedor documental dirigido por los periodistas Holman Morris y Juan José Lozano con el título Impunity, donde se revela la infame impunidad que envolvió los más atroces crímenes de los paramilitares tras la farsa de desmovilización montada por el gobierno de Uribe Vélez.

Ninguno de los dos trabajos cuenta algo que no supiéramos ya con bastante certeza los colombianos, pero en una sociedad donde su élite se empeña en anegar sus crímenes en una amnesia descarada e inducida, la reiteración es obligada. Nos recuerda, entonces, el libro de Behar que el clan de los doce apóstoles, escuadrón paramilitar liderado por Santiago Uribe, hermano del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, sembró el terror en el norte de Antioquia, por los lados de Yarumal y Angosturas en tiempos en que este último era gobernador de Antioquia. El escándalo estalló, justamente con los testimonios del teniente Meneses, cuando ya Uribe Vélez era presidente, y daba cuenta no sólo cómo la policía de la zona estaba al servicio de este grupo criminal sino cómo el mismísimo gobernador de Antioquia lo patrocinaba y encubría desde su cargo oficial. Meneses, que como director de la policía en Yarumal había delinquido con los doce apóstoles, fue el único sobreviviente del grupo después de que Uribe y sus secuaces empezaron el operativo eliminándolos a todos para limpiar sus fechorías. Por eso tuvo que exiliarse en Argentina y dar su declaración desde allí.

En el documental, por su parte, los directores reviven para la memoria la tragedia de las víctimas que se presentaron a las audiencias de los jefes paramilitares, en el marco de la ley de justicia y paz, y los testimonios escalofriantes de algunos jefes paramilitares, que lograron explicitar lo que ya era una verdad a gritos, aunque no reconocida por nadie: Que el paramilitarismo fue- y sigue siendo- una estrategia del Estado en el que se involucraron desde los grandes empresarios, militares y policías de alto rango, hasta los caciques políticos regionales y nacionales vinculados a la burocracia estatal. Eso lo dejó claro, por ejemplo, y de manera categórica, los primeros testimonios de Mancuso, máximo jefe entonces de las autodefensas.

El testimonio de alias H.H, por ejemplo, dejó claro que todas las empresas bananeras en Urabá se beneficiaron de la estrategia paramilitar contra los obreros y por eso les pagaban. También en otras regiones los patrocinaban los empresarios del azúcar, las familias prestantes del Valle del Cauca, los ganaderos, los comerciantes etc. Según él, cuando llegaban a una región del país era porque ya había habido un acuerdo con empresarios, por eso llegaban era a regiones donde tenían el apoyo de personas con intereses en esa región. “Carlos (Castaño) mantenía la agenda ocupada todo el año con reuniones con militares, empresarios y políticos. Se hicieron muchas reuniones en la finca 21. Allí llegaban los políticos regionales y se tocaban los temas políticos del país. Se hacían alianzas y acuerdos para elegir candidatos”.

Pero apenas empezaron a denunciar los paramilitares estos vínculos con empresarios, militares y políticos, el gobierno empezó a desmentirlos y a desmeritar su verdad con el manido argumento de que a delincuentes como estos no se les podía creer. Peor aún, empezaron a amenazar a los paramilitares y a sus familias, e incluso muchos de estos familiares fueron asesinados, como los de alias Cuco Vanoy.

Por eso el mismo H.H llegó a preguntar en una de sus audiencias si el país realmente estaría preparado para la verdad. Aunque el sentido de la pregunta era más bien si los altos militares, los políticos y los empresarios efectivamente estaban dispuestos a dejar que se conociera su responsabilidad en la carnicería que sembraron por casi tres décadas con los paramilitares. “Pues cada que se habla de las personas que se beneficiaron de la guerra salen los héroes de la patria a decir que somos unos mentirosos. Entonces es mejor no volver a hablar de las personas que son intocables en este país y seguir hablando sólo del campesino que sembraba el palo de yuca o de café e insistir en que le mocharon la cabeza, lo descuartizaron, le violaron a la señora, le quitamos el pedazo de tierra, y nadie se escandaliza por eso. Pero cuando hablamos de personas de esta sociedad que se beneficiaron o que tuvieron vínculos con las autodefensas, ahí sí es el problema más grande de este mundo, ahí sí es el escándalo, que estamos deshonrando a estas personas”.

El golpe de gracia a la verdad y las posibilidades reales de que las víctimas fueran reparadas llegó con la orden súbita del gobierno de Uribe Vélez de extraditar a estos jefes paramilitares. Esta extradición fue una argucia desesperada del gobierno, violando incluso la sencilla sabiduría del sentido común, pues ante nadie podía justificarse que los crímenes de narcotráfico pudieran ponerse por encima de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos carniceros, ni que el interés de Estados Unidos en torno a su lucha antidrogas pudiera privilegiarse ante la necesidad que tenía el país de conocer la verdad del horror de estas últimas décadas y la necesidad de las víctimas de ser reparadas. El gobierno de Uribe apeló a todo su poder como presidente para evitar que los verdaderos responsables de tal genocidio, entre los que él mismo sobresalía con sus amigos cercanos y equipo de gobierno, fueran siquiera cuestionados y menos judicializados, y no encontró oposición ninguna en la institucionalidad.

Por eso es válido pensar que toda esta carnicería paramilitar no la pudo haber auspiciado sólo Uribe, ni el silenciamiento de la verdad se hubiera realizado de una manera tan eficaz si no hubiera estado orquestada por la élite plena de este país, comprometida en tal estrategia. Y de esa élite hace parte el actual presidente y su equipo. No puede ser casualidad que haya sido el timón de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, y que bajo su dirección se realizara la más macabra cacería contra dirigentes sociales y populares, haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja. Y no podemos olvidar las declaraciones de Mancuso según las cuales Juan Manuel y Francisco Santos se reunieron con él y pidieron su apoyo para tumbar el gobierno de Ernesto Samper y crear el bloque Capital de las autodefensas que cumpliera su trabajo en Bogotá, respectivamente.

Uribe fue apenas un alfil en esta estrategia, que hoy vocifera abandonado en un rincón del twiter. Entre tanto, aquellos empresarios denunciados por los jefes paramilitares siguen campantes manejando sus empresas, los militares siguen ascendiendo en su carrera y los políticos siguen delinquiendo desde el Congreso, las gobernaciones y las alcaldías. Los paramilitares presos bajo la farsa de ley de Justicia y paz están a punto de salir a seguir delinquiendo, los jefes máximos de las autodefensas han sido expatriados para callarlos, y con las estructuras paramilitares convertidas en bacrim, esta oligarquía (unida para protegerse en la perversa Unidad Nacional que convoca Santos) sueña con que puede doblar la punta de la página y hacernos creer que ellos están limpios y pueden seguir campantes como sí nada.

Pero nos negamos a olvidar y sobre todo a perdonar a una élite asesina que en vez de pedir perdón nos ofende intentando convencernos de que ellos son la parte buena de la manzana podrida. Olvidar es traicionar la memoria de los miles de luchadores que han sido asesinados vilmente en pro de los intereses de la oligarquía, y concertar, dialogar, trabajar y apoyar las estrategias de esta élite asesina, con su gobierno y su Unidad Nacional es no sólo hacerse cómplice con la carnicería en nombre suyo desatada sino contribuir al olvido de las víctimas y a su total impunidad.

 

EDITORIAL 65: ¡Ni perdón ni olvido!

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Escrito por Periferia

Descripción: http://www.periferiaprensa.org/images/stories/ed65/niperdonniolvido.jpg

Dos acontecimientos recientes en publicaciones y denuncias llaman la atención sobre la necesidad de no olvidar el pasado reciente de horror, que no termina, producido por este Estado criminal. Se trata del testimonio revelador del teniente de la policía Juan carlos Meneses, recogido en la publicación de la periodista Olga Behar con el título El Clan de los Doce Apóstoles, y del estremecedor documental dirigido por los periodistas Holman Morris y Juan José Lozano con el título Impunity, donde se revela la infame impunidad que envolvió los más atroces crímenes de los paramilitares tras la farsa de desmovilización montada por el gobierno de Uribe Vélez.

Ninguno de los dos trabajos cuenta algo que no supiéramos ya con bastante certeza los colombianos, pero en una sociedad donde su élite se empeña en anegar sus crímenes en una amnesia descarada e inducida, la reiteración es obligada. Nos recuerda, entonces, el libro de Behar que el clan de los doce apóstoles, escuadrón paramilitar liderado por Santiago Uribe, hermano del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, sembró el terror en el norte de Antioquia, por los lados  de Yarumal y Angosturas en tiempos en que este último era gobernador de Antioquia. El escándalo estalló, justamente con los testimonios del teniente Meneses, cuando ya Uribe Vélez era presidente, y daba cuenta no sólo cómo la policía de la zona estaba al servicio de este grupo criminal sino cómo el mismísimo gobernador de Antioquia lo patrocinaba y encubría desde su cargo oficial. Meneses, que como director de la policía en Yarumal había delinquido con los doce apóstoles, fue el único sobreviviente del grupo después de que Uribe y sus secuaces empezaron el operativo eliminándolos a todos para limpiar sus fechorías. Por eso tuvo que exiliarse en Argentina y dar su declaración desde allí.

En el documental, por su parte, los directores reviven para la memoria la tragedia de las víctimas que se presentaron a las audiencias de los jefes paramilitares, en el marco de la ley de justicia y paz, y los testimonios escalofriantes de algunos jefes paramilitares, que lograron explicitar lo que ya era una verdad a gritos, aunque no reconocida por nadie: Que el paramilitarismo fue- y sigue siendo- una estrategia del Estado en el que se involucraron desde los grandes empresarios, militares y policías de alto rango, hasta los caciques políticos regionales y nacionales vinculados a la burocracia estatal. Eso lo dejó claro, por ejemplo, y de manera categórica, los primeros testimonios de Mancuso, máximo jefe entonces de las autodefensas.

El testimonio de alias H.H, por ejemplo, dejó claro que todas las empresas bananeras en Urabá se beneficiaron de la estrategia paramilitar contra los obreros y por eso les pagaban. También en otras regiones los patrocinaban los empresarios del azúcar, las familias prestantes del Valle del Cauca, los ganaderos, los comerciantes etc. Según él, cuando llegaban a una región del país era porque ya había habido un acuerdo con empresarios, por eso llegaban era a regiones donde tenían el apoyo de personas con intereses en esa región. “Carlos (Castaño) mantenía la agenda ocupada todo el año con reuniones con militares, empresarios y políticos. Se hicieron muchas reuniones en la finca 21. Allí llegaban los políticos regionales y se tocaban los temas políticos del país. Se hacían alianzas y acuerdos para elegir candidatos”.

Pero apenas empezaron a denunciar los paramilitares estos vínculos con empresarios, militares y políticos, el gobierno empezó a desmentirlos y a desmeritar su verdad con el manido argumento de que a delincuentes como estos no se les podía creer. Peor aún, empezaron a amenazar a los paramilitares y a sus familias, e incluso muchos de estos familiares fueron asesinados, como los de alias Cuco Vanoy.

Por eso el mismo H.H llegó a preguntar en una de sus audiencias si el país realmente estaría preparado para la verdad. Aunque el sentido de la pregunta era más bien si los altos militares, los políticos y los empresarios efectivamente estaban dispuestos a dejar que se conociera su responsabilidad en la carnicería que sembraron por casi tres décadas con los paramilitares. “Pues cada que se habla de las personas que se beneficiaron de la guerra salen los héroes de la patria a decir que somos unos mentirosos. Entonces es mejor no volver a hablar de las personas que son intocables en este país y seguir hablando sólo del campesino que sembraba el palo de yuca o de café e insistir en que le mocharon la cabeza, lo descuartizaron, le violaron a la señora, le quitamos el pedazo de tierra, y nadie se escandaliza por eso. Pero cuando hablamos de personas de esta sociedad que se beneficiaron o que tuvieron vínculos con las autodefensas, ahí sí es el problema más grande de este mundo, ahí sí es el escándalo, que estamos deshonrando a estas personas”.

El golpe de gracia a la verdad y las posibilidades reales de que las víctimas fueran reparadas llegó con la orden súbita del gobierno de Uribe Vélez de extraditar a estos jefes paramilitares. Esta extradición fue una argucia desesperada del gobierno, violando incluso la sencilla sabiduría del sentido común, pues ante nadie podía justificarse que los crímenes de narcotráfico pudieran ponerse por encima de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos carniceros, ni que el interés de Estados Unidos en torno a su lucha antidrogas pudiera privilegiarse ante la necesidad que tenía el país de conocer la verdad del horror de estas últimas décadas y la necesidad de las víctimas de ser reparadas. El gobierno de Uribe apeló a todo su poder como presidente para evitar que los verdaderos responsables de tal genocidio, entre los que él mismo sobresalía con sus amigos cercanos y equipo de gobierno, fueran siquiera cuestionados y menos judicializados, y no encontró oposición ninguna en la institucionalidad.

Por eso es válido pensar que toda esta carnicería paramilitar no la pudo haber auspiciado sólo Uribe, ni el silenciamiento de la verdad se hubiera realizado de una manera tan eficaz si no hubiera estado orquestada por la élite plena de este país, comprometida en tal estrategia. Y de esa élite hace parte el actual presidente y su equipo. No puede ser casualidad que haya sido el timón de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe, y que bajo su dirección se realizara la más macabra cacería contra dirigentes sociales y populares, haciéndolos pasar por guerrilleros dados de baja. Y no podemos olvidar las declaraciones de Mancuso según las cuales Juan Manuel y Francisco Santos se reunieron con él y pidieron su apoyo para tumbar el gobierno de Ernesto Samper y crear el bloque Capital de las autodefensas que cumpliera su trabajo en Bogotá, respectivamente.

Uribe fue apenas un alfil en esta estrategia, que hoy vocifera abandonado en un rincón del twiter. Entre tanto, aquellos empresarios denunciados por los jefes paramilitares siguen campantes manejando sus empresas, los militares siguen ascendiendo en su carrera y los políticos siguen delinquiendo desde el Congreso, las gobernaciones y las alcaldías. Los paramilitares presos bajo la farsa de ley de Justicia y paz están a punto de salir a seguir delinquiendo, los jefes máximos de las autodefensas han sido expatriados para callarlos, y con las estructuras paramilitares convertidas en bacrim, esta oligarquía (unida para protegerse en la perversa Unidad Nacional que convoca Santos) sueña con que puede doblar la punta de la página y hacernos creer que ellos están limpios y pueden seguir campantes como sí nada.

Pero nos negamos a olvidar y sobre todo a perdonar a una élite asesina que en vez de pedir perdón nos ofende intentando convencernos de que ellos son la parte buena de la manzana podrida. Olvidar es traicionar la memoria de los miles de luchadores que han sido asesinados vilmente en pro de los intereses de la oligarquía, y concertar, dialogar, trabajar y apoyar las estrategias de esta élite asesina, con su gobierno y su Unidad Nacional es no sólo hacerse cómplice con la carnicería en nombre suyo desatada sino contribuir al olvido de las víctimas y a su total impunidad.