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Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través de la Circular 04 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, mantuvieron la desregularización de precios, esto es la libertad de precios en medicamentos, para favorecer a las multinacionales y lograr que ellas influenciaran en el Congreso de Estados Unidos para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Los efectos de esta libertad de precios no se hicieron esperar: La industria farmacéutica disparó los precios y las EPS sobre facturaron los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (FOSYGA) tanto de los medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS) como los del NO-POS sufrieron un alza injustificable poniéndoles como los más caros de América Latina y el desfalco al erario público fue y es de grandes proporciones.
Desde mediados de la primera década del 2000, ASMEDAS y SINTRASEGURIDAD SOCIAL ya lo habíamos denunciado pero nadie nos escuchó. Un caso concreto se encontró en algunos tipos de Insulinas incluidas en el POS, que fueron informadas por las EPS al Fosyga para recobro, y para el año de 2009 dichos recobros correspondían al 83% del total. La CRES (Comisión de Regulación en Salud) aceptó esta denuncia pero, hasta ahora, no sabemos si las EPS ya devolvieron el dinero entregado por el Fosyga.
El “escándalo” mediático del desfalco en salud propiciado entre las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y el Ministerio de la Protección Social que hoy promulgan algunos medios escritos y radiales es un síntoma más que nos muestra que el actual modelo económico y político es la madre de todos los males que asolan a la nación en la mayoría de los sectores de la economía colombiana. Y no ha sido el presidente de la República su descubridor, como lo quieren hacer ver los medios a la opinión pública.
De otro lado, entre los años 2007 y 2009, el Sistema de Salud perdió más de $70.000 millones de pesos por sobreprecios en recobros por un sólo producto: Rituximad (medicamento para la artritis); según la Federación Médica Colombiana, las ganancias de Roche con este producto, entre 2008 y 2010, tomando como referente los precios internacionales, superaron los 143.000 millones de pesos; y la misma Federación Médica ha denunciado recientemente que las resoluciones emitidas por el Gobierno nacional para “corregir” este desfalco no sólo son insuficientes sino inoperantes. La Resolución 05 del 11 de enero de 2011 fija valores máximos de recobros sobre 20 medicamentos, entre ellos el Rituximad cuyo precio sigue estando por encima de los precios internacionales y, por tanto, las ganancias para las multinacionales por este concepto siguen acumulándose y el desfalco al Sistema de Salud continúa.
La jugada está en el negocio de “salvar” lo público, entregándolo al sector privado mediante canonjías y corrupción a todos los niveles. Sólo en el modelo de Ley 100 de “salud”, que en realidad es de aseguramiento, es un acto de comedia: “Producto del acto médico, los médicos ordenan los medicamentos, procedimientos o insumos al paciente. Las EPS niegan. El paciente tutela. El Comité Técnico Científico, en el mejor de los casos, cumple la orden del juez si la EPS no se interpone. En este caso, la EPS paga la actividad pero recobra al FOSYGA el 50%. El FOSYGA glosa. Se cierra el telón. Las EPS contratan cobradores externos (muchos de ellos ex funcionarios) que tienen como función cobrar al FOSYGA las glosas. Conquistan a funcionarios del Ministerio de la Protección Social, los que “negocian” con funcionarios del FOSYGA para que resuelvan a favor de las EPS las glosas. Y cada uno va con su CVY (cómo voy yo) que oscila entre el 4% y el 10% de acuerdo al costo de la actividad”. Fin de la función.
Otro claro ejemplo del desfalco promovido entre las EPS y el Ministerio de la Protección Social se presentó en lo que hicieron con la EPS del ISS o lo que hicieron con la red pública departamental de salud. Con dineros de los contribuyentes (trabajadores y empleadores, porque no del gobierno) se construyó una vasta red de infraestructura hospitalaria con gran rentabilidad social: Con los presidentes del ISS y gerentes nombrados por el gobierno era cuestión de tiempo esquilmar el patrimonio de los trabajadores sólo con mostrar el negocio a los empresarios y a algunos “emprendedores” médicos. “Bienvenidos al negocio de la Salud” expresaba Juan Luis Londoño de la Cuesta en 1993. Y el desfalco del ISS, construido con dineros públicos, se forjó para beneficio del sector privado. Un ejemplo: La actual administración de la IPS Universitaria, antes Clínica León XIII del ISS, manifiesta que son de carácter privado.
Hasta que no se descubra la verdad que hay en los desfalcos de la salud, ASMEDAS, conjuntamente con otras instituciones de salud que velan por la dignidad de los médicos y de su profesión, así como la de todos los trabajadores del sector de la salud y los pacientes, no descansará y continuará denunciando todos estos atropellos. Si ya fracasó el modelo de Ley 100, se requiere exigir el reconocimiento, sin más ambigüedades, de que la salud sea un derecho fundamental autónomo, o sea, un cambio real de modelo de salud cuyo pilar fundamental sería la Atención Primaria en Salud Renovada, en donde el Estado sea el garante de la prestación del servicio de salud, y se integren los recursos de todos los cotizantes con los aportes de la Nación para poder entregar servicios de salud de igual calidad y oportunidad a todos los ciudadanos, sin pagos al momento de requerir la atención, sin la intermediación de las EPS y superando los actuales “planes de beneficio”.
JUNTA DIRECTIVA ASMEDAS