Hace casi cuatro años y medio concluyeron las negociaciones entre Colombia, Perú y la Comisión Europea, que representa 28 países, para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual hace un año entró en vigencia parcial. Como todos los TLC negociados y firmados por el Gobierno Colombiano, este Acuerdo se basa en liberalizar el flujo comercial, bajar los aranceles, profundizar el rezago estructural de la economía colombiana, y fomentar un tipo de inversión sin ninguna regulación, acentuando el retraso productivo e impactando negativamente la creación y permanencia de empleos decentes en nuestro país, profundizando el modelo primario exportador en Colombia.
La asimetría en las relaciones comerciales entre Colombia y la Unión Europea (UE) no puede ser más pronunciada: la UE es la agrupación política y económica más grande del mundo en términos del tamaño de su mercado, mientras Colombia ocupa el puesto número 30.
Colombia, exporta hacia la UE principalmente productos primarios, sobre todo petróleo y carbón, seguido por productos agrícolas. En cambio, las importaciones provenientes de la UE son principalmente de productos manufacturados, sobre todo maquinaria, equipos de transporte y productos químicos. Firmar un TLC con naciones con alto desarrollo industrial y tecnológico es perpetuar la dependencia y atraso productivo que sufre nuestro país.
En Colombia dos sectores aglutinan las exportaciones hacía la UE: el agrícola y el minero-energético. En ambos es posible identificar algunos de los problemas estructurales de la economía colombiana:
1. El empleo en el sector agrícola ha disminuido en años recientes. Se estima que entre 2010 y 2013 se perdieron 149 mil empleos.
2. El trabajo en el sector agrícola en Colombia es sinónimo de informalidad y de la imposibilidad práctica de los trabajadores para sindicalizarse. Solo existe un sindicato agrícola de industria que ha logrado negociar Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT), y eso apenas en tres subsectores: bananos, palma africana y azúcar.
3. En el caso de la minería, la locomotora minero energética de Presidente Santos genera muy pocos empleos. Sólo un 1,1% del total de personas ocupadas en el país trabaja en el sector minero, y en 2013 se perdieron un total de 75.000 empleos en este sector.
4. En 2013 la participación del sector minero y petrolero en el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano fue del 7,7%, generando una enorme riqueza para las empresas inversionistas mineras, dejando como contraprestación devastación ecológica, contaminación de las fuentes hídricas, fuertes daños a los patrones socio-culturales y las formas de vida de diversas etnias y comunidades campesinas en las zonas cercanas a los grandes proyectos.
Las organizaciones firmantes rechazamos la negociación, ratificación e implementación del TLC con la UE, y todos los demás TLC y tratados bilaterales de inversión. Todos ellos priorizan la necesidad de otorgar aún mayores garantías y extender fuertes protecciones y exenciones tributarias a los inversionistas privados y reducir los costos para la actividad empresarial a gran escala.
Las organizaciones firmantes no avalamos el diseño, negociación e implementación discursivo de acuerdos paralelos laborales porque no implican obligaciones legales, ni establecen medidas punitivas cuando se incumplan, y no cambian el comportamiento en materia laboral de gran parte de las empresas presentes en Colombia.
Reconocemos el esfuerzo de algunos miembros del Parlamento Europeo (PE) que han presionado al Gobierno Colombiano para que mejore las condiciones laborales y garantice los derechos laborales. La Resolución 2628 de junio 2012 del Parlamento, sobre el Acuerdo Comercial entre Colombia-Perú y la Unión Europea, establece algunas exigencias al Gobierno Colombiano que, de ser implementadas a cabalidad, ayudarían a mejorar el panorama laboral en el país. No obstante, el Gobierno Colombiano ha hecho caso omiso de la gran mayoría de las solicitudes y otras las ha implementado parcialmente.
A continuación listamos algunas de las falencias en el sistema de regulación laboral en el país y la falta de políticas públicas que demuestran una carencia de voluntad y compromiso por parte del Gobierno Colombiano para respetar, proteger y garantizar que las y los trabajadores colombianos puedan ejercer, libremente, sus derechos laborales.
Un año desde la implementación parcial del TLC entre Colombia, Perú y la UE; dos años desde la promulgación de la Resolución 2628 del Parlamento Europeo; más de tres años desde la firma del Plan de Acción Laboral Obama-Santos; y casi tres años desde la entrada en vigencia del TLC entre Canadá y Colombia, el Gobierno está en deuda, e incluso ha habido retrocesos en materia de tercerización e intermediación laboral, informalidad laboral, violencia antisindical, impunidad de crimines contra sindicalistas, prácticas antisindicales, falta de espacios institucionales reales de diálogo social, resolución de conflictos laborales, actas legislativas, y medidas políticas que garanticen la libertad sindical y la negociación colectiva, inspección laboral y la efectividad de sanciones por violaciones a las leyes laborales. Adicionalmente, se ha incrementado la actitud hostil y represiva del Gobierno frente a la protesta social y la lucha sindical.
Por todas estas razones, a un año de la vigencia parcial del TLC con la Unión Europea, ratificamos nuestra oposición al mismo y nuestro compromiso para la defensa de los derechos laborales, humanos y ambientales. Exigimos que nuestras peticiones sean escuchadas en forma democrática y no por medio de consultas informales y manipuladas, y hacemos un llamado a la comunidad internacional, el Parlamento Europeo,al Parlamento Colombiano y a los Parlamentos Nacionales de los países miembros de la Unión Europea, a exigir al Gobierno Colombiano que garantice estos derechos.
Firman esta declaración:
