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La decisión del gobierno Santos de vender el 57.66% de la participación accionaria que le queda al Estado colombiano en ISAGEN, es otro atentado al patrimonio público del pueblo colombiano, y el avance en el desarrollo de la política neoliberal de privatizaciones que han adelantado cada uno de los gobiernos desde el año 1991. Las privatizaciones no se hacen por necesidades del pueblo, sino por actos de obediencia de los gobernantes de turno para cumplir con lo ordenado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en desarrollo de lo dispuesto en el “Consenso de Washington” como política imperialista en beneficio de empresas transnacionales; el fin, es que él Estado Social de Derecho desaparezca en pro de una sociedad organizada bajo los principios y valores “del dios mercado”.
Pasó en Inglaterra, Venezuela, México, Chile, Argentina, Bolivia y otros países, y desde hace más de dos décadas en Colombia, con graves consecuencias sociales; hoy algunos países que implementaron la privatización de empresas estatales, entendieron que se requiere tener un peso efectivo en la producción de bienes y servicios estratégicos, por lo que ya vienen revirtiendo esa política privatizadora.
Vender ISAGEN no es la excepción a dicha política privatizadora; es la misma desde los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y ahora de Santos. Por diversas “razones y necesidades” la receta es la misma, privatizar lo público y convertir servicios públicos de alta y necesaria demanda social (salud, educación, servicios públicos domiciliarios, etc.) en negocios sumamente lucrativos, y de paso desaparecer la función social del Estado.
Recordemos a Luis Carlos Valenzuela, exministro del gobierno de Pastrana, que en el año 2.000 trató de vender “las joyas de la corona” -ISA e ISAGEN- por menos del 50% de su valor real, para que fueran compradas por multinacionales a las que había servido como banquero de inversión en la compra de otros activos eléctricos. Ya antes se habían privatizado activos del sector eléctrico por debajo de su valor real, todos construidos con sobretasas e impuestos pagados por los colombianos. Tampoco podemos olvidar a otro exministro de minas y energía, Carlos Caballero Argaez, con frases como: “privatizar es inevitable” sin él perder de vista como objetivo primordial la privatización de ISA, ISAGEN y ECOPETROL.
Alvaro Uribe Vélez –“el gran colombiano”- que se encargaría de desaparecer empresas estatales como Telecom, la Caja Agraria, el Seguro Social, entre otras -para abrirle paso a la privatización de los servicios que ellas prestaban- privatizó acueductos y hasta propuso privatizar Bibliotecas y Universidades Públicas, preparó también la venta de Ecopetrol -con el beneplácito de un Congreso en gran parte vinculado con el paramilitarismo-, convirtiéndola en una empresa por acciones para ir vendiéndola paulatinamente; estrategia que igualmente es utilizada para la privatización de ISA e ISAGEN.
Trabajadores incautos, alucinados por hacerse ricos con la supuesta democratización accionaria de empresas estatales, fueron presa fácil del discurso de los mercaderes de lo público, para quienes TODO se compra y se vende, corrieron a comprar acciones con afán individualista; estrategia de privatización implementada para hacer cómplices a los trabajadores, que por razones naturales deberían oponerse a semejante insensatez, como es la privatización de los bienes públicos de los colombianos. No hay nada más democrático que un bien público.
Las empresas del sector eléctrico fueron convertidas en verdaderas máquinas de hacer dinero para beneficiar sólo a los agentes privados nacionales y extranjeros; empresas que permanentemente crean nuevos conceptos tarifarios y hacen lobby en la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, para que suban las tarifas del servicio de energía eléctrica en Colombia y obtener mayor ganancia.
Con el desarrollo de dichas políticas en los últimos 20 años el Estado colombiano pasó de ser dueño del 100% de la generación de energía eléctrica del país, a tener sólo el 26% pública, el 32% mixta y el resto (42%) privada, con esta composición de la oferta eléctrica, hoy el pueblo paga una de las tarifas más altas de Latinoamérica, y se ha convertido en el primer país más desigual de América Latina y en el tercero a nivel mundial.
Así, con la tarea pendiente de terminar de privatizar a ISAGEN, ISA y ECOPETROL, el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dice que: “el gobierno tiene que ser un buen regulador pero no dueño y que en este debate están metiendo política.”, defiende con este argumento la decisión de terminar de privatizar lo que aún le queda al Estado colombiano.
¿Será “buen regulador” un Estado que se queda sin empresas fuertes para enfrentar estrategias desleales del mercado? es lo que está en discusión con la venta del porcentaje mayoritario que el Estado colombiano tiene en ISAGEN y que le permite el control de dicha empresa, la cual el año pasado generó 9.683 GWH, equivalente al 16% de la demanda de energía eléctrica del país; es la discusión política entre lo público como bien superior y lo privado. Aquí no hablamos del regulador normativo (CREG), hablamos de un Estado regulador, que cada vez se queda con menos herramientas eficaces, para controlar lo que normalmente sucede cuando los servicios públicos se convierten en mercancías.
Si señor ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, la discusión es política, lo que se tiene que discutir son las políticas de privatizar lo público, las que hacen de Colombia uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cuál es el fin de privatizar empresas que han sido productivas y que son fuente del poco bienestar que todavía tiene parte del pueblo colombiano? Es político discutir el tipo de Estado que queremos los colombianos y descubrir a quienes sirven nuestros gobernantes, jueces y congresistas, quienes deben velar por garantizar la soberanía colombiana y defender la Constitución y sus principios.
Consideramos que vender a ISAGEN en este momento histórico, también sirve para agitar el debate electoral, es lo que explica que hoy se escuchen las voces de los politiqueros que ayer querían venderla y de los que con el debate ganan adeptos para las próximas elecciones. Y entre ganancias de pocos y perjuicios sociales de muchos, se desarrolla un modelo económico que ha mostrado su capacidad de destrucción social y de recursos naturales, el cual pone en riesgo la vida en el planeta.
Consideramos que existen y han existido muchas otras alternativas para que el gobierno cumpla con las necesidades de los colombianos, y que si existiera la verdadera decisión política de construir vías para el bienestar y la prosperidad del pueblo colombiano, se hubiera permitido a ISA construir parte de esa infraestructura; ahora bien el Estado tiene la posibilidad de utilizar menos del 7% de sus reservas internacionales, que a diciembre de 2012 ascendían a 37.466 millones de dólares y así tendría en caja los recursos que obtendría con la venta de ISAGEN, mantendría su control y la posibilidad de regular los precios de la generación eléctrica, para continuar promoviendo y soportando el desarrollo eléctrico presente y futuro del país. Pero han primado más los intereses particulares de los consorcios que solicitan más recursos del Estado para construirlas.
Planteadas así nuestras inquietudes y reflexiones, invitamos a todos los colombianos, a las organizaciones cívicas y sociales, a los estamentos políticos y económicos y en general a todos los que todavía se preocupan por este país, a que levanten su voz e interpongan las gestiones necesarias contra las políticas de privatización de ISAGEN, con las que se compromete la autonomía del Estado, se atenta contra el patrimonio público, se entrega parte de la soberanía nacional, se concentra la riqueza en unos pocos generando mayor pobreza, lo que en ultimas contribuye con el atraso de este país y a que seamos en largo plazo, un país inviable.
Medellín, agosto 14 de 2013
Sindicato de Trabajadores de Interconexión Eléctica S.A. –SINTRAISA-
Sindicato de Trabajadores del Sector Energético –SINTRAE-