SINTRAISA, SINTRAISAGEN y SINTRACHIVOR denuncian al Estado Colombiano por violación de Derechos Sindicales Fundamentales
Conociendo el desprecio que tiene el actual Gobierno por los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, SINTRAISA, SINTRAISAGEN Y SINTRACHIVOR denuciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para preservar los derechos fundamentales que asisten a los trabajadores y que son violados y amenazados por el Gobierno colombiano con la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, por el cual se modifica el artículo 48 de la Constitución Política sobre seguridad social.
En Colombia, se ha producido a través de la historia constitucional del país la sustitución del Estado de Derecho, no solamente por el cambio de la Carta fundamental sino por decretos o estatutos de estado de sitio, y por el cercenamiento del núcleo esencial de los derechos humanos. El principio consagrado en nuestras instituciones según el cual el interés general prevalece sobre el interés particular, se repite de manera incesante cuando se quiere desconocer un derecho a un ser humano, a un grupo de personas, a una etnia o a una organización sindical. Es que los derechos fundamentales son parte de la naturaleza humana y el interés general se realiza precisamente respetando esos derechos.
La denuncia la presentan estos Sindicatos contra quienes cometieron la violación como son:
El Jefe del Estado, Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, cuyo Gobierno presentó al Congreso el proyecto del Acto Legislativo No. 01 de 2005.
El Congreso de la República, cuya mayoría partidaria del Ejecutivo dio vida al Acto Legislativo No. 01 de 2005, cercenando el derecho a la seguridad social de los colombianos organizados en sindicatos, habilitados para suscribir convenios colectivos “… para la protección y promoción de sus intereses”.
La Corte Constitucional que con sus inhibiciones hizo imposible el acceso a la administración de justicia en Colombia, violando con ello el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre garantías judiciales.
Esta denuncia quedó radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el numero P-703-07 (Ver Carta de acuso recibo).
Ver texto Completo de la Denuncia
Medellín, junio 26 de 2007.