COMUNICADO PÚBLICO
En la semana del 11 octubre de 2010, SINTRAISA conoció y analizó una cobarde publicación amparada en el anonimato, que apareció primero en internet y luego se hizo circular de forma física en la Universidad de Antioquia, en la cual se presentan fotografías de personas de la vida publica, trabajadores sociales de diferentes profesiones, estudiantes y profesores y escriben sesgadamente una serie de calumnias sobre ellos, matriculándolos como miembros activos de las FARC y calificándolos de terroristas según la expresión de moda.
Esta situación no sería novedosa, ni grave, sino estuviéramos en Colombia y porque el panfleto parece contener información oficial a la que sólo tienen acceso los agentes del Estado, sino porque surge justo después de un debate interno de la Universidad en donde se trata de imponer la militarización de la institución educativa. No nos cabe duda que se trata de una sofisticada y calculada forma de hostigamiento y amenaza provenientes de sectores pertenecientes a las élites del crimen y ligados al establecimiento estatal.
La Corporación Jurídica Libertad (CJL), es una de las organizaciones señaladas en el panfleto. SINTRAISA ha trabajado conjuntamente con la CJL y estamos orgullosos de ello, porque se trata de una organización comprometida con los sectores más necesitados, especialmente las victimas del cruel conflicto que azota a nuestra nación. Seguramente los señalamientos que no son nuevos, se hacen contra la CJL por su temple y honestidad a la hora de señalar a miembros de las fuerzas militares como responsables de crímenes de Estado y a los paramilitares como ejecutores de asesinatos colectivos auxiliados por agentes del Estado.
La CJL, es una institución seria que no sólo denuncia los atropellos contra las comunidades más pobres, sino que también investiga y defiende desde el ámbito jurídico las violaciones flagrantes a los derechos humanos que se llevan a cabo en la región antioqueña. La CJL ha denunciado sin ambigüedades que en Colombia hay conflicto armado y que la solución pasa por la negociación política; ha reclamado al Estado por incentivar los mal llamados falsos positivos; ha exigido la judicialización de los actores intelectuales y materiales de la masacre de San José de Apartado, Uraba, Ituango y Bojaya, entre otras, y la que actualmente se adelanta en el departamento de Córdoba.
Ellos han denunciado con pruebas los fuertes lazos políticos y económicos entre paramilitares, militares, empresarios y congresistas; se oponen al cierre y privatización de universidades y empresas publicas; denuncian el microtráfico de estupefacientes en la Universidad de Antioquia; consideran aun, que la vida debe respetarse a todos los individuos en Colombia sin distingo ideológico o político, porque no se deja de ser humano por pensar diferente. Igualmente han señalado que el gobierno de Álvaro Uribe se inclinó más por favorecer a victimarios que a victimas del conflicto armado; han manifestado la existencia de presos políticos en Colombia y por si fuera poco, han participado en el ámbito internacional en debates y procesos alrededor de todos estos aspectos.
La CJL, es una organización que trasciende su profesionalismo en el campo jurídico al de las humanidades y por tanto confronta las políticas económicas y sociales que fomentan el desplazamiento de campesinos, indígenas y pobladores urbanos. También han opinado y actuado frente a organismos internacionales por el exterminio de sindicalistas. Se han opuesto a la política de monocultivos y al mal llamado desarrollo. Se oponen a la agresión militar entre países; a que Colombia sea una colonia norteamericana y no han dudado en señalar que hay instituciones del Estado que han sido infiltradas por grupos al margen de la ley.
Todos estos aspectos demuestran que la CJL, es una organización respetable, seria y digna de admiración y ante los hechos indignantes expuestos en el absurdo panfleto anónimo difundido por internet, SINTRAISA no duda en calificar dicho “blog” como parte de la estrategia de seguimientos y de hostigamientos que instituciones del Estado y organizaciones de ultraderecha vienen haciendo a quienes aun se atreven a denunciar las atrocidades que se comenten en Colombia.
Considerando, que por aseveraciones y calumnias menos comprometedoras en Colombia se ha asesinado a muchas personas; y que aun hay cazadores de recompensas que les pagan por falsos positivos:
Exigimos al Estado Colombiano la protección y garantía de la integridad y la vida de las personas señaladas de manera infame en la sospechosa publicación difundida el 10 de octubre de 2010 por internet y repartida en las instalaciones de la Universidad de Antioquia.
Reclamamos de los organismos gubernamentales responsables de investigar y judicializar a los autores de esta clase de hostigamiento, proceder con celeridad a las denuncias ya presentadas sobre estos hechos.
A la comunidad internacional le solicitamos pronunciamiento, exigiendo al gobierno de turno, respetar los Derechos Humanos y proteger a sus defensores, al igual que contener a los criminales que los desprestigian y atentan contra ellos.
Como organización social SINTRAISA, rechaza este tipo de prácticas y se solidariza con todos los afectados.
Octubre 25 de 2010
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA