Sidebar

21
Mar, Ago

Pública
Typography

 

QUE SON LAS RECOMENDACIONES DE LA OIT

A la saga de la demanda, presentada ante la OIT por los sindicatos de SINTRAISA, SINTRAISAGEN y SINTRACHIVOR. En contra del acto legislativo 01 de 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Política sobre seguridad social.

Ante la negativa de los trabajadores de autoflagrarse en el referendo y de no renunciar a sus derechos fundamentales en lo referente a pensiones, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el respaldo de su bancada en el Congreso, tramitó el Acto Legislativo Número 01 de 2005, que prohíbe constitucionalmente, a partir de su vigencia, la negociación y la contratación colectiva en materia pensional. Lo más grave, es que a partir del 31 de julio del año 2010, pierden vigencia las normas referentes a esta materia contenidas en las convenciones colectivas, laudos y pactos colectivos. Tal prohibición incluye aún los acuerdos privados.

Como si fuera poco, el mismo Acto Legislativo No. 01 de 2005 trae la posibilidad de una prestación periódica inferior al salario mínimo legal, como puede verse en el inciso 7 del artículo 1, que dispone: "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión". (Hemos sombreado).”[1]

Estas conductas del Estado colombiano opuestas al respeto de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores, a las leyes, a los contratos y convenios debidamente ratificados por Colombia ante la OIT, han resultado sumamente gravosos para los intereses de los organismos sindicales, y desde luego para la contratación colectiva. Afectando directamente todos los trabajadores colombianos y organizaciones sindicales entre otros, que tienen acordadas cláusulas convencionales más favorables en materia pensional que las establecidas en la ley.

En defensa del legitimo derecho y ante la indiferencia y complacencia mostrada por las instituciones encargadas de velar por los derechos fundamentales, los Sindicatos, (SINTRAISA, SINTRAISAGEN, y SINTRACHIVOR) con el apoyo de miles de trabajadores y ciudadanos, demandaron la inconstitucionalidad del Acto Legislativo Número 01 de 2005, que prohíbe constitucionalmente, a partir de su vigencia, la negociación y la contratación colectiva en materia pensional. La Corte Constitucional colombiana definió la demanda en sentencia C 472 del 14 de junio de 2006, declarándose inhibida.

Ante la imposibilidad de justicia material en Colombia; en julio de 2006 los sindicatos antes mencionados, presentaron en Ginebra Suiza una Queja ante la Organización Internacional del Trabajo OIT, por considerar, que el gobierno no sólo desconoció derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, sino que al promover la reforma de la Constitución con el Acto Legislativo 01 de 2005, violó los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT, que ya hacen parte de la Constitución como bloque de constitucionalidad, sin proceder a desvincularse de la Organización Internacional del Trabajo.

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (órgano de la OIT encargado de investigar este tipo de casos y de presentar recomendaciones al Consejo de Administración) asumió el conocimiento del caso 2434 (Colombia); y rindió informe provisional ante el Consejo de Administración en la reunión 298ª realizada en Ginebra en marzo de 2007. Después de tomar atenta nota de lo expuesto por las partes y de sacar conclusiones provisionales hace las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones del Comité

“801. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

a) en lo que respecta a los alegatos relativos a la limitación del derecho de negociación colectiva en virtud de la reciente adopción del acto legislativo núms. 01 de 22 de julio de 2005 que modifica el artículo 48 de la Constitución Política sobre seguridad social, el Comité:

i) reconoce el derecho de los Estados a reglamentar el sistema de pensiones pero subraya la necesidad de que los mismos respeten el principio del derecho a la negociación colectiva en este proceso;

ii) en cuanto a las convenciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación, considerando que las convenciones anteriormente negociadas deberían continuar conservando todos sus efectos, incluidos los relativos a las cláusulas sobre pensiones, hasta su fecha de vencimiento, aunque ésta sea después del 31 de julio de 2010, pide al Gobierno que adopte las medidas correctivas pertinentes y que le mantenga informado de la evolución de la situación a este respecto;

iii) en cuanto a los convenios celebrados después de la entrada en vigor del acto legislativo núm. 01, teniendo en cuenta el resultado del referendo, el Comité pide al Gobierno que teniendo en cuenta las circunstancias particulares de este caso, y con el fin de garantizar la armonía de las relaciones laborales del país, realice de nuevo consultas detalladas con las partes interesadas acerca de las jubilaciones y las pensiones, a fin de encontrar una solución negociada aceptable para todas las partes interesadas y de conformidad con los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva ratificados por Colombia.”[2]

Con este tipo de recomendación, se esta dando la razón a los trabajadores colombianos de que sus derechos a la negociación y la contratación colectiva en materia pensional están siendo violados por el Estado colombiano y que dicho acto (el legislativo núms. 01 de 22 de julio de 2005 que modifica el artículo 48 de la Constitución Política sobre seguridad social) de mantenerse es violatorio de Tratados Internacionales vigentes debidamente ratificados por Colombia ante la OIT.

Cabe resaltar que la Corte Constitucional en Sentencia T–568 de 1993[3] estableció la naturaleza y alcance de las recomendaciones impartidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. y en ella estableció “…que a diferencia de los convenios, las recomendaciones pronunciadas por la OIT no son normas creadoras de obligaciones internacionales, sino meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir los Estados partes en busca de las condiciones dignas en el ámbito laboral de sus países[4] mientras que las recomendaciones de sus órganos de control en ocasiones son vinculantes”. Y en reiterada jurisprudencia de la Corte se ha dicho textualmente “Las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical son vinculantes en el derecho interno colombiano.” -que es el caso del acto 01 de 2005- En la misma Sentencia antes mencionada la Corte manifestó:

….

“Como se enunció anteriormente, el Comité de Libertad Sindical es un órgano de control de la OIT; confronta las situaciones de hecho que se le presentan o las normas internas de los Estados, con las normas internacionales aplicables según los Tratados ratificados por los Estados involucrados (en este caso, la Constitución de la OIT y los Convenios sobre libertad sindical); luego, formula recomendaciones y las somete al Consejo de Administración,[5] ya que éste es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las normas que rigen la Organización. (...) por tanto, esta recomendación constituye una orden expresa vinculante para el gobierno colombiano. Colombia está obligada, en virtud de su calidad de Estado Parte del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las recomendaciones del Consejo de Administración (arts. 24 y ss)”. (Negrillas fuera de texto)

Por lo anterior, las recomendaciones de los órganos de control –como las emitidas por el Comité de Libertad Sindical en el caso objeto de estudio por la Corte Constitucional en la sentencia citada– no son meras directrices, guías o lineamientos que debe seguir el Estado colombiano, sino que ellas constituyen una orden expresa vinculante para el Estado y cada uno de sus órganos.

Esta obligación surge de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el ámbito internacional. Así, la Constitución Política de 1991 establece como un principio fundamental que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (art. 9°). En ese sentido Colombia reconoce como un principio del derecho internacional lo previsto en el artículo 26 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, aprobada por la Ley 32 de 1985, en el sentido de que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

De esa manera Colombia queda sujeta a las obligaciones que adquiere en virtud de los Tratados y Convenios que celebra y que son ratificados. Los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y derecho de sindicalización, ratificados por el Congreso de la República mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, deben ser respetados y cumplidos por Colombia, y obviamente sujetarse a lo que dispongan los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, a cuyas determinaciones también se sujetó, al hacer parte del convenio constitutivo de dicha organización.

En el orden interno, el único medio judicial para lograr el cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control que protegen derechos fundamentales es la acción de tutela y por tanto será el medio en el nivel interno y a través del cual, se reclame el derecho después de que se apruebe las recomendaciones por el Consejo de Administración de la OIT, ya que éste es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las normas que rigen la Organización.

De otra parte, si el Gobierno rechaza las recomendaciones, el caso se somete a la Corte Internacional de Justicia, que puede acoger o no las recomendaciones; su jucio al respecto es de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.

Conociendo el desprecio que tiene el actual Gobierno por los organismos internacionales que velan por los derechos humanos, SINTRAISA, SINTRAISAGEN Y SINTRACHIVOR ya demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Demanda que podrán encontrar en www.sintraisa.org), para preservar los derechos fundamentales que asisten a los trabajadores y que son violados y amenazados por el Gobierno colombiano con la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, por el cual se modifica el artículo 48 de la Constitución Política sobre seguridad social.

Medellín, junio 20 de 2007.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA

________________________________________

[1] OIT “QUEJA POR VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SINDICAL Y

NEGOCIACION COLECTIVA” presentada por SINTRAISA, SINTRAISAGEN, SINTRACHIVOR .

[2] Informe del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, al Concejo de Administración en la reunión 298ª realizada en Ginebra en marzo de 2007.

[3]

[4] Sentencias C-562/92 MP Jaime Sanín Greiffestein, C-147/94 MP Jorge Arango Mejía, y C-468/97 MP Alejandro Martínez Caballero.

[5] Cfr. Supra 29.