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Vie, Oct

Nacional
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El proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno nacional al Congreso de la República que dice buscar la generación de empleo, la equidad y la reducción de la desigualdad, pretende en realidad transferir recursos a los grandes capitales nacionales y transnacionales en detrimento de los sectores populares, con lo cual se profundizan la inequidad y la desigualdad.

1. La generación de empleo. La idea de reducir los costos de la nómina para generar empleo ya ha sido aplicada en varias oportunidades en el país con el resultado de un rotundo fracaso. Baste con recordar que bajo el mismo argumento fueron expedidas las leyes 789 de 2002, que en su artículo 13 incluyó la exoneración de parafiscales, y la Ley 1429 de 2010, que estableció descuentos en el impuesto sobre la renta, los aportes parafiscales y otros gastos de nómina por la vinculación de nuevos empleados. Se dijo en el primer caso que si no se lograba el objetivo se derogaría o modificaría la ley y al final nos quedamos sin nuevos empleos y con la reducción de los derechos laborales que impuso la ley. En el segundo caso el resultado es tan incierto que ni siquiera se menciona en la exposición de motivos.

Aducir que los costos asociados a la nómina son muy altos (58% del salario) es una argucia para ocultar que los salarios reales en Colombia son inferiores a los de los países vecinos con similar desarrollo económico, lo cual desvirtúa la pretendida competitividad por la vía de la reducción salarial. Como sustentó el Profesor César Giraldo en la comisión Permanente de Concertación, “la generación de empleo y la informalidad no dependen de los impuestos a la nómina y así lo señala la evidencia empírica. El salario mínimo en Colombia es bajo, en relación con América Latina, si se consideran el salario promedio, el PIB percápita, y la línea de pobreza. Hacer comparaciones en dólares con otros países crea una distorsión debido a la revaluación que hace que el salario aparentemente sea mayor”.

2. La equidad. No es posible hablar de equidad cuando se exonera a los empresarios del pago de 6,7 billones de pesos que incrementan sus ganancias, dejando un déficit fiscal que de inmediato es asumido por los asalariados a través de los impuestos a la renta, al IVA y al consumo, aparte de la incertidumbre que acarrea la conversión de los parafiscales y la cuota patronal en salud, en rubro del presupuesto, así sea con destinación específica. Es una transferencia impresionante porque la exoneración es a perpetuidad.

No es cierto que lo que dejan de pagar por parafiscales y salud lo pagan luego con el nuevo impuesto de equidad, del 8%, porque este no es más que un desprendimiento del impuesto a la renta, que pasaría del 33% al 25%: una típica maniobra fiscal para disimular la exoneración. Aunque es cierto que el impuesto a la equidad mejora un poco el recaudo por el aumento de la renta gravable –por efecto de la exoneración- y por la eliminación de la deducción por inversión en activos fijos –que sigue vigente para el impuesto a la renta-, también lo es que dicho incremento está lejos de suplir el vacío que deja la exoneración del 13,5% de salud y parafiscales.

Según los datos de la exposición de motivos al reducir el impuesto a la renta del 33% al 25% y crear el de equidad del 8%, se aumenta el recaudo en 1.9, 2.1 y 2.2 billones de pesos, para los años 2014, 2015 y 2016; si esto es así y aun manteniendo congelados los recursos de salud, el ICBF y el Sena en los 6.7 billones, es evidente que hay un vacío inmenso, de casi 5 billones de pesos por año.

De hecho para suplir ese vacío y restaurar el equilibrio se incrementan los recaudos por IVA, consumo e impuesto a la renta de las personas naturales. Para los años mencionados el recaudo adicional por IVA y consumo supera el billón de pesos mientras el impuesto a la renta de las personas naturales supera los 5 billones de pesos.

Así, es claro que la famosa “neutralidad” del recaudo y el “cambio en la fuente de financiación” se convierten en la inequitativa fórmula de que paguen menos los que tienen más y paguen más los que tienen menos. Por eso los plácemes y no los chillidos de los grandes “contribuyentes”.

3. Los programas sociales. La exoneración a los empresarios del 13.5% por conceptos de parafiscales (5%) y de la cuota patronal en salud (8.5%) no es un simple cambio de la fuente de financiación sino de la naturaleza de la obligación que deja de ser patronal y se traslada al Estado. De un ingreso cierto y muy estable, pasamos a la incertidumbre, a los artificios de la letra menuda de las liquidaciones de impuestos, los avatares de la economía y el tire y afloje de la aprobación del Presupuesto General de la Nación. El futuro del Sena, del ICBF y de la salud, está en entredicho y esto sin contar con la deuda en formalización laboral, salarios y prestaciones, en ambas instituciones. Peor aun en el caso de la salud que termina convirtiendo a los afiliados al régimen contributivo en integrantes del subsidiado. Si tres reformas a la Ley 100 de 1993 no pudieron garantizar la financiación del régimen subsidiado, menos ahora con la nueva carga presupuestal. Así, la reforma tributaria cercena el salario social y pone en riesgo los derechos a la seguridad social.

4. El consumo. La lógica de la “neutralidad” global también se traduce en mayores beneficios para el capital y el aumento de los gravámenes para los consumidores. La simplificación de las tarifas viene acompañada, por ejemplo, de reducción en las tarifas de las ganancias ocasionales y las herencias, mientras aumenta el IVA a la medicina prepagada y grava el corrientazo, lo cual constituye un monumento a la inequidad. Como puede observarse se trata de una política fiscal que arrebata a los consumidores más de un billón de pesos cada año afectando directamente a los sectores populares con nefastos efectos sobre el mercado interno. Es un proyecto de reforma que golpea a las capas medias y deja incólumes las grandes propiedades y las exorbitantes ganancias de los sectores minero energético y financiero.

5. El Iman. El Impuesto Mínimo alternativo Nacional es otra argucia fiscal para aumentar el gravamen de los ingresos medio bajos y de las pensiones medias. Los ingresos superiores a 6 salarios mínimos pagarán un valor superior a las retenciones en la fuente y al impuesto que hoy se paga con las deducciones de ley; además, se establece un gravamen para las pensiones por encima de los 9.8 millones de pesos, que hoy están exoneradas. En la práctica es una medida impositiva que reduce las deducciones y exoneraciones al trabajo, aumenta la base gravable y el impuesto de los ingresos laborales: es el novísimo concepto de equidad del Presidente Santos y su equipo económico y una reforma pensional y de flexibilización laboral por la puerta de atrás.

6. La desigualdad. Aducir que la reducción de costos a la nómina, con el correspondiente aumento de las ganancias de los grandes capitales, por un lado, y el incremento de los gravámenes al trabajo y al consumo, por otro, conducen a la equidad y la reducción de la desigualdad, resulta por lo menos irónico. De hecho son propuestas regresivas que conducen a una mayor concentración de la riqueza y que lejos de reducir en 1.9 el Coeficiente de Gini, lo aumentarán.

Bajo estas consideraciones rechazamos el proyecto presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República y exigimos una reforma tributaria que respete la parafiscalidad y la cuota patronal en salud, que se fundamente en la tributación directa, no en el consumo, que grave los grandes patrimonios y utilidades, esto es, que sea realmente equitativa y progresiva.

Con el trámite de la reforma a la justicia aprendimos todos, y principalmente el Congreso de la República y el equipo de gobierno, que la premura no es buena consejera, por eso solicitamos que se retire o archive el proyecto y se presente uno nuevo al servicio del país.

 

Bogotá, 7 de noviembre de 2012

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES

 

DOMINGO TOVAR ARRIETA

Presidente

WITNEY CHAVEZ SANCHEZ

Secretario General