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SINTRAISA y SINTRAE solicitaron a la Fiscalía General de la Nación vincular a investigación penal a toda la Junta Directiva de ISA en cabeza del doctor Santiago Montenegro Trujillo y demás miembros, igualmente al actual Presidente de esta compañía empresarial Bernardo Vargas Gibsone y otros directivos, por permitir que se mantenga dentro de la empresa prácticas discriminatorias contra el personal sindicalizado y continuar atentando contra el derecho fundamental de libre asociación sindical.

El Artículo 200 del Código Penal Colombiano establece:

Violación de los derechos de reunión y asociación. El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa.

La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta descrita en el inciso primero se cometiere:” Subrayas propias.

Como ya lo informamos, desde comienzos del año 2015, viene cursando en la Fiscalía General de la Nación una Denuncia Penal porque en ISA se mantiene, protege y defiende un pacto colectivo que concede mejores condiciones económicas que las que se otorgan a los trabajadores sindicalizados, al mismo tiempo, por intermedio de su filial INTERCOLOMBIA se mantiene una demanda contra los Estatutos de la Organización Sindical para que sus trabajadores no puedan seguir ejerciendo el derecho asociación sindical en SINTRAISA, para buscar su extinción. Lo anterior atenta contra el derecho fundamental de libre asociación sindical; agravado además, porque es tolerado por la Junta Directiva de ISA.

A pesar que los trabajadores de forma individual pidieron la igualdad económica al Presidente de ISA y la Organización Sindical hizo lo propio a la Junta Directiva de ISA, esta última ni siquiera contestó el derecho de petición y el actual Presidente de ISA se mantuvo en la práctica discriminatoria, que viene desde el año 2011 con la anterior administración, lo que podría tipificarse en un concierto para delinquir, pues tanto la pasada administración como ésta mantienen la misma práctica antisindical.

A finales del año 2016, la fiscal de la unidad especializada en derechos humanos que lleva el caso en mención, citó a la representación sindical de SINTRAISA y SINTRAE para que ampliaran la denuncia, en ella se aportaron nuevas pruebas y se solicitó la vinculación al proceso de toda la Junta Directiva de ISA y del actual Presidente de la empresa, entre otros miembros de la administración.

A la Organización Sindical en ISA se le ha cerrado toda posibilidad de maniobra, escudando su actuar la empresa, en su poder económico y en la inseguridad jurídica del país; al tiempo que induce a la organización sindical a hacer valer sus derechos por vía judicial.

Consideramos que este tipo de actuaciones deben corregirse para evitar violación de derechos humanos y altos costos de transacción para el país, por lo que esperamos que la Junta Directiva de ISA y la administración de la empresa, den una solución directa a la actual discriminación del personal sindicalizado.

Medellín, enero 24 de 2017

 

"En la justicia no cabe demora: y quien dilata su cumplimiento, la vuelve contra sí"

José Martí